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Resumo

La prescripción administrativa opera como una garantía institucional que delimita temporalmente el ius puniendi de la Administración Pública, especialmente en el ámbito municipal, donde coexisten funciones de control, regulación, recaudación y sanción. Su finalidad es impedir actuaciones tardías que lesionen la seguridad jurídica y el debido proceso (Const., arts. 76 y 82). En Ecuador, el Código Orgánico Administrativo (COA) regula la prescripción de la potestad sancionadora y de la acción coactiva, mientras que el COOTAD habilita competencias sancionatorias municipales. A pesar de este andamiaje, la práctica evidencia falta de criterios uniformes, decisiones dispares y un sesgo recaudatorio que erosiona los límites constitucionales. Este trabajo examina los fundamentos, la normativa y la jurisprudencia relevantes, compara experiencias de Chile, Colombia y España, y propone lineamientos para estandarizar la actuación municipal, reforzar la motivación y consolidar estándares de control judicial y administrativo.