Autores

Resumo

La potestad sancionadora de la Administración Pública constituye una manifestación del ius puniendi estatal, mediante la cual se imponen consecuencias jurídicas desfavorables a los administrados por la infracción de normas administrativas. No obstante, dicha potestad no es absoluta: debe ejercerse dentro de los límites constitucionales que garantizan el debido proceso y la tutela judicial efectiva. El presente estudio analiza críticamente el alcance y aplicación de esta garantía frente a actos sancionatorios en Ecuador, considerando la normativa vigente y la jurisprudencia. Se concluye que, aunque el marco formal reconoce el derecho a impugnar y obtener una decisión motivada, persisten barreras estructurales que restringen la efectividad del control judicial.