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Resumo

La valoración de la prueba en los procedimientos administrativos constituye un aspecto esencial para garantizar el respeto del debido proceso y la tutela judicial efectiva. En Ecuador, la paulatina incorporación de los principios y reglas del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) en el ámbito administrativo ha impulsado una transformación en los criterios de admisión, análisis y fundamentación de la prueba. No obstante, persisten vacíos normativos y tensiones interpretativas, especialmente en relación con la motivación de las decisiones administrativas y la necesidad de evitar arbitrariedad. Este artículo analiza los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales que regulan la valoración de la prueba en la Administración Pública, identifica sus límites y desarrolla estándares mínimos de motivación compatibles con el modelo garantista establecido por la Constitución de 2008. Asimismo, se proponen lineamientos que permitan fortalecer la transparencia, la coherencia argumentativa y la seguridad jurídica en la adopción de decisiones administrativas.